El Consejo Social tendrá voz sobre Ikea

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El equipo de Gobierno popular en el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido este jueves a poner «encima de la mesa» de la Conselleria de Infraestructuras los dictámenes del Consejo Social sobre la Actuación Territorial Estratégica que pretende facilitar la llegada de Ikea.

El Consejo Social se ha reunido por primera vez este jueves en el salón de plenos del Consistorio con la presencia de patronal, sindicatos, vecinos y partidos políticos y ha acordado elaborar tres informes, que deben estar finalizados el 15 de abril, y que abordarán el impacto de la multinacional y el macrocentro comercial anexo en la economía, empleo, estrategia como ciudad, territorio y urbanismo.

El concejal de Fomento y Empleo, Carlos Castillo, ha asegurado que «lo que diga el Consejo Social, además, de otras alegaciones, se pondrá encima de la mesa de la Conselleria», ya que se trata de «un compromiso» del alcalde Miquel Valor. Eso sí, Castillo ha afirmado que duda mucho «que no nos hagan caso», aunque ha remarcado que las decisiones del Consejo no son vinculantes porque «no salen del Ayuntamiento.

TRES COMISIONES

Para ello, el Consejo Social ha decidido que «tres comisiones» elevarán sus dictámenes al plenario. Castillo ha detallado que habrá una comisión «de Economía, Empleo y Comercio, es decir, sobre el impacto de la ATE en la estructura económica».

«Una segunda comisión será sobre Estrategia. Es decir, analizará si el proyecto es estratégico y tiene encaje en el proyecto de ciudad que propugna y defiende el Plan de Competitividad. Y una tercera comisión, sobre territorio y urbanismo, donde tendrá mucha importancia el impacto medioambiental del proyecto», ha seguido.

Este viernes se convocarán las comisiones que se celebrarán la semana que viene, aunque todavía sin fecha concreta.

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el concejal de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, ha definido como «necesaria» la creación de una comisión de Justicia, que analice la legalidad del planeamiento para la llegada de la multinacional Ikea y ha lamentado que no se haya creado. Pavón se ha referido a la existencia de «una pieza del caso ‘Brugal’ que investiga el presunto amaño del Plan Rabassa y de la llegada de una macrosuperficie comercial con la tienda de Ikea», pero también ha puesto en duda el argumento jurídico de la figura de la ATE como «usurpación de la potestad municipal de planeamiento».

Mientras, el concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha denunciado el «poco tiempo» con el que el Consejo Social cuenta para tomar una decisión «tan importante para la ciudad». Y desde el PSPV han señalado están «a favor de que venga Ikea» pero «totalmente en contra del macrocentro comercial que se incluye en la ATE».

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