El PSPV lleva al juzgado la ‘Ley Mordaza’ en el Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Alicante

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado este jueves una demanda en el juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Alicante para dejar sin efecto las recientes medidas adoptadas por el equipo de Gobierno en lo que denomina ‘Ley Mordaza’ que, a juicio del PSPV, pretenden «evitar que la oposición y los medios de comunicación fiscalicen su gestión», y que suponen la prohibición de trasladar toda información que conozcan por sus cargos a «terceras personas».

La medida fue aprobada por el equipo de Gobierno de Sonia Castedo en el pleno del pasado febrero para recordar «a todas las autoridades -funcionarios y concejales-, que pudieran tener acceso a datos protegidos la obligación de utilizarlos únicamente para el destino que conforme a las reglas de organización municipal y procedimiento administrativo corresponda».

Así como «la prohibición de trasladar o ceder los datos a personas no autorizadas o terceros» y el «deber de exigir discreción sobre los asuntos que conozcan por su cargo».

El portavoz municipal socialista, Miquel Ull, ha considerado, en un comunicado, que esas medidas atentan contra el derecho a la información recogido en la Constitución. Así ha insistido en que el «punto clave» en el que fundamentan la demanda es la vulneración de los principios de representación democrática salvaguardados en el artículo 23 de la Constitución Española.

Por ello, ha recalcado que piden que se anule el escrito de la alcaldesa por el cual se restringía el acceso a la información de los grupos de la oposición. «El apagón informativo que quiere Castedo es propio de otros regímenes y nos hace pensar que no quiere que salgan a la luz determinadas cosas justo ahora que su futuro político está más en el aire que nunca por sus problemas con la Justicia», ha apuntado.

Además, Ull ha remarcado que «resulta curioso que los tribunales investiguen por qué un determinado promotor conocía el PGOU de Alicante antes de tiempo y que ahora la alcaldesa se escude en la necesidad de adoptar medidas de seguridad para que determinada información no llegue a los medios».

En el texto de la demanda se hace constar también que, a lo largo de 2013, el grupo municipal socialista solicitó más de 100 peticiones de información y el PP sólo respondió a cerca de 40, lo que supone que el 60% de las peticiones se quedaron sin respuesta. «Pone en evidencia -ha criticado Ull-, la falta de transparencia informativa del equipo de gobierno y el flagrante incumplimiento del derecho fundamental a la participación política de todos los miembros de la Corporación».

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