El TSJCV se declara no competente para juzgar a Alperi tras su renuncia como diputado

alperi alicante

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado no competente para investigar y juzgar al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por presunto delito fiscal tras su renuncia el pasado mes de abril a su acta de diputado ‘popular’ en las Corts y ha enviado la causa a los juzgados de instrucción de Alicante.

Así consta en un auto, con fecha de 9 junio, dictado por el tribunal en la causa en la que se investiga si Alperi pudo cometer fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros.

El tribunal ha acordado esta medida después de que en el procedimiento no quede ningún aforado -tras la renuncia de Alperi-, y antes de que se haya realizado algún acto propio de la fase de juicio oral. Al respecto, los jueces han recordado que en la actualidad no solo no están resueltos la totalidad de los recursos planteados frente al auto de apertura de juicio, sino que todavía no se ha concedido a quienes ostentan la condición de parte pasiva de este procedimiento plazo para presentar escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas.

El pasado 1 de marzo, el magistrado del TSJCV Antonio Ferrer acordó la apertura de juicio oral contra Alperi y contra tres empresarios -Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L.– por los mismos delitos. Se determinaba como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, al estar Alperi aforado.

Tanto Fiscalía como el Abogado del Estado habían solicitado la apertura de juicio oral contra estos procesados. En concreto, el ministerio público acusa a Díaz Alperi de tres delitos contra la Hacienda Pública y de uno de cohecho, y le reclamaba una fianza de 1.600.000 euros.

Sobre 2008, los hechos giran sobre la adquisición de un catamarán -‘Akra Uno’- por parte del ex primer edil valiéndose de una sociedad patrimonial, en la que parte del precio fue abonado por uno de los empresarios procesados.

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