La nueva Lotup sustituye a cinco leyes sobre urbanismo y territorio

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El pleno del Consell ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup), que sustituye a cinco leyes y dos reglamentos. Asimismo, incorpora un código urbanístico único que engloba, desde una misma visión, las materias de urbanismo, territorio, paisaje y evaluación ambiental.

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha presentado este proyecto de ley “después de tres años de intenso trabajo”. Así, lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha estado acompañada por el vicepresidente y portavoz, José Císcar.

Este proyecto de ley, que se ha remitido a las Corts Valencianes para su tramitación y posterior aprobación, consta de 269 artículos divididos en tres libros, como son, planificación urbanística, gestión urbanística y disciplina urbanística y territorial.

Bonig ha explicado que la Lotup pretende solucionar los problemas del urbanismo “basándose en la idea de la nueva administración mucho más ágil”. En este sentido, ha destacado que se ha aprovechado el “parón urbanístico” producido por la crisis para “reflexionar y mejorar aspectos que no han tenido el resultado práctico pretendido”.

La nueva ley refunde cinco leyes: la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No Urbanizable, y la Ley Reguladora de los Campos de Golf en la Comunitat Valenciana. De esta manera, la reforma legal reduce en un 77 por ciento el número de disposiciones normativas.

El incremento de la seguridad jurídica es uno de los objetivos fundamentales de esta ley, que nace con voluntad de “clarificar el marco legal, aumentar la transparencia, las condiciones de igualdad, los derechos de los propietarios y sus relaciones con el urbanizador”.

Entre estas mejoras, se proponen unos procedimientos de aprobación de los planes plenamente adaptados a la normativa de contratación del sector público, que se han consensuado con la Administración europea y estatal a fin de evitar la anulación de proyectos por parte de los tribunales.

La Lotup divide los planes en dos, por un lado el Plan General Estructural, que son competencia de la Generalitat, y, por otro, el Plan de Ordenación Pormenorizada, de aprobación municipal. Por otro lado, mantiene la figura del agente urbanizador, pero se adapta a la jurisprudencia que existe al respecto.

La Lotup da entrada a la iniciativa privada de un tercero en la construcción y rehabilitación de edificios, “con las debidas garantías para el propietario y mediante un procedimiento de pública concurrencia”. Asimismo, la consellera ha destacado que, ante la “expansión urbanística” de años anteriores, se apuesta por “la intervención de la ciudad ya consolidada”, frente a “la transformación e nuevos suelos”.

TÉCNICAS ASUMIDAS

Por otra parte, la ley conserva y perfecciona las técnicas urbanísticas que ya están “plenamente asumidas” por los operadores, como la clasificación de suelo, las áreas de reparto y aprovechamiento tipo o estándares, ya que se debe considerar como un valor en sí mismo por el gran bagaje de conocimientos que aportan los profesionales urbanísticos.

Por otro lado, cuando la administración no asuma el papel de urbanizador con la gestión directa, podrán ser los propietarios mayoritarios del suelo, o agrupaciones de propietarios, los que asuman la condición de urbanizador. Si estos no la asumen de manera expresa, se abrirá un proceso de selección con todas las garantías de publicidad, libre concurrencia e igualdad de la contratación pública.

Otra de las alegaciones introducidas en el texto es incremento de las garantías a los propietarios del suelo, fundadas en la experiencia práctica de estos últimos años y la jurisprudencia de los tribunales.

Entre otros aspectos, se ha incluido la adhesión expresa del propietario a participar en la programación urbanística, la regulación de la retasación de cargas para no perjudicar al propietario, el derecho a la elección de la modalidad de retribución, las obligaciones de transparencia, el alcance de las notificaciones y el emplazamiento del urbanizador con el propietario, o la responsabilidad económica de éste limitada a la finca y no a al resto de su patrimonio.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Isabel Bonig ha destacado el proceso de participación pública que ha durado “como un embarazo, nueve meses”. Así, antes de ser aprobado definitivamente por el pleno del Consell, el proyecto de ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje ha sido sometido a un “amplio” proceso de participación pública.

En total, se han celebrado 22 jornadas temáticas para explicar esta iniciativa, y se han recogido más de 1.200 alegaciones individualizadas. Asimismo, se ha consultado a todas las Administraciones, incluyendo a la Comisión Europea, la Administración General del Estado, el conjunto de los departamentos de la Generalitat y la totalidad de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Además, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente organizó en Valencia un Congreso Nacional sobre Nuevas Perspectivas en Urbanismo, que contó con una participación mayoritaria de representantes, técnicos y políticos del conjunto de las comunidades autónomas, que debatieron y presentaron propuestas que han sido también incorporadas al texto legal.