Contra el espejismo igualitarista

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Sostiene el parlamentario socialista Pedro Saura que “para muchos, entre los que me encuentro, acabar con la desigualdad ha sido y es un compromiso moral y permanente en nuestras vidas”. Su opinión es compartida por muchos, para quienes la igualdad posee un valor social intrínseco que legitimaría la utilización de medios escabrosos para alcanzarla. Pero no: la igualdad es una legítima preferencia personal como pueden serlo muchas otras (promover el estudio del siglo de oro español, dar a conocer los placeres de la cata de vino, extender el uso de ciertas normas de protocolo y etiqueta social, etc…) que, sin embargo, no sirve para justificar la coacción sobre terceros.

A la postre, en cualquier sociedad no absolutamente identitaria habrá desigualdad, a saber, habrá diversidad entre los individuos en materia de belleza, locuacidad, inteligencia, fortaleza, carisma, valentía, preferencias y, también, renta y riqueza. La libertad de actuación —de tomar decisiones con consecuencias divergentes— nos hace desiguales. Por consiguiente, la absoluta igualdad (donde todos fuéramos absolutamente iguales en todo que nuestro vecino) no sólo es imposible, sino indeseable: la diversidad de preferencias individuales implica la metapreferencia a que no todas las preferencias se reduzcan por la fuerza a una misma (o dicho de otro modo, si redujéramos la diversidad de preferencias a una identidad de preferencias, todos saldríamos perdiendo con excepción de aquellas personas cuyas preferencias individuales coincidieran inicialmente con la nueva escala de preferencias idéntica para todos).

Por consiguiente, mientras que la desigualdad/diversidad que brota de la libertad sí posee un valor social intrínseco (es un presupuesto que permite a cada persona lograr sus fines), la igualdad absoluta no lo es, pues sería potencialmente perjudicial para todos. Tan es así que, en la actualidad, nadie defiende una completa y total identidad entre todas las personas: los habrá más o menos partidarios de la igualdad, pero todos aceptan que una cierta desigualdad/diversidad es deseable (incluso inevitable). Ahora bien, alguna desigualdad/diversidad no significa que todos prefieran cualquier grado de desigualdad social. ¿Cómo determinar cuánta igualdad es deseable?

Una primera opción sería tratar de cuantificarla mediante la siguiente formulación (o alguna similar): que el 10% más rico (o cualquier otro porcentaje) no posea más de 50 veces más riqueza (o cualquier otro múltiplo) que el 10% más pobre (o cualquier otro porcentaje). Pero es fácil observar que toda regla que podamos alcanzar individualmente sobre la distribución deseada de la renta o de la riqueza es puramente arbitraria: ninguna distribución de la renta es objetivamente superior a ninguna otra. Ni siquiera de manera tendencial: no es cierto que siempre las distribuciones más igualitarias sean superiores a las más desigualitarias, pues terminaremos llegando a un punto (¿cuál? Es arbitrario) en el que más igualdad social comenzará a parecernos negativa (recordemos que previamente hemos mostrado que la absoluta identidad es rechazable). En suma: el grado de igualdad social dentro de una comunidad es una preferencia personal y no un valor intrínseco y objetivo en la estructura de cualquier sociedad.

Evidentemente, ciertas preferencias personales pueden ser mayoritarias dentro de una sociedad. Por ejemplo, el 51% de la población podría preferir que el 10% más rico de la sociedad no tuviese más de 15 veces más riqueza que el 10% más pobre, siendo ésta la regla de distribución de la riqueza mayoritaria dentro de esa sociedad. Pero esto sólo sería una preferencia personal mayoritaria: como también podría serlo que la mayoría de la sociedad prefiriera que nadie fume o que todos leyeran El Manifiesto Comunista. La cuestión es si las preferencias mayoritarias de una sociedad (en cualquier aspecto) pueden imponerse coactivamente sobre las minorías, es decir, si la mayoría puede dictaminar qué ropa debe llevar, qué libros debe leer, qué alimentos debe comer, qué música debe escuchar, qué fe debe profesar, qué pareja debe tener o cuánto dinero debe poseer la minoría. Y la única respuesta coherente que no pase por una represión masiva de los seres humanos es que los caprichos (las preferencias) de las mayorías no pueden laminar las libertades de las minorías. O dicho de otra manera, que para utilizar la fuerza contra otra persona, aunque cuente con la aprobación de una mayoría social, deberá ofrecerse un argumento mucho más reforzado que simplemente: “le coacciono para que su comportamiento se ajuste a mis preferencias”.

¿A qué razón —diferente a las meras preferencias arbitrarias sociales— podría apelarse para justificar el uso de la coacción en aras de la igualdad? En realidad, sólo hay una con cierto sentido y que en la actualidad se usa de un modo bastante extendido: hay que lograr una mayor igualdad social “para garantizar un nivel de vida digno a todo el mundo” o, en su versión más fuerte, “para garantizar la igualdad de oportunidades”. De entrada, la formulación resulta bastante problemática por cuanto es tremendamente imprecisa y da un margen enorme a la coacción arbitraria de las mayorías, pero tiene su punto de interés y razonabilidad.

Empecemos con las imprecisiones: ¿qué entendemos por “un nivel de vida digno”? ¿Y por “igualdad de oportunidades”? Se trata de conceptos parcialmente indefinidos que pueden servir para reintroducir por la puerta de atrás la imposición de las preferencias arbitrarias de la mayoría sobre la minoría. Ciertamente, no son conceptos del todo vacíos: “nivel de vida digno” implica necesariamente que la persona debe sobrevivir (garantía de alimentación, de protección contra el frío, contra las enfermedades…), pero no establece con qué condiciones (¿qué tipo de comida, de vestimenta, de asistencia sanitaria? Aparte de la supervivencia fisiológica, ¿a qué más se tiene derecho? ¿Llevan esos derechos asociados obligaciones?, etc.). Asimismo, el concepto “igualdad de oportunidades” es tanto o más confuso: las oportunidades de las personas no pueden ser nunca iguales (pues, en parte, dependen de su condición genética y de su entorno, y las diferencias en la condición genética y en el entorno social o geográfico no pueden ni pretenden ser anuladas) de modo que, como mucho, podremos volver gratuitos para el usuario ciertos servicios que, como la educación, mejoran parcialmente sus probabilidades de hallar y explotar oportunidades sociales. Pero, ¿cuánta educación? ¿qué tipo de educación? ¿Con qué contrapartidas?, etc.

Sigamos ahora con el punto de razonabilidad del argumento: tener un nivel de vida digno o cierta igualdad de oportunidades nos interesa a todos (si nos ubicáramos tras el velo de indiferencia de Rawls). Sin embargo, lo realmente importante es que, en el fondo, cuando se apela a la igualdad social con el motivo de “garantizar un nivel de vida digno” o la “igualdad de oportunidades” no se está buscando realmente la igualdad, sino otra cosa que sí debe preocuparnos: la progresiva reducción de la pobreza. A la postre, la manera en la que todos pueden acceder a más alimentos, vestimenta, educación, sanidad o pensiones no es a través de la igualdad (la igualdad en la miseria no garantiza nada de todo ello), sino a través del acceso a la riqueza. El asunto es que uno puede acceder a la riqueza por dos vías: creándola (producción e intercambio) o quitándosela a otro (redistribución de la renta). Lo primero implica cooperación y lo segundo coacción.

No se trata aquí de desentrañar, de nuevo, por qué la creación de riqueza por la vía de la cooperación (capitalismo de libre mercado) es superior a la vía de la rapiña (socialismo o corporativismo), sino simplemente de señalar lo evidente: en sociedad, la vía coactiva de acceso a la riqueza sólo podría eventualmente llegar a justificarse limitadamente para aquellos casos en los que la persona no la pueda crear por sí misma (y mientras no la pueda crear por sí misma). Por consiguiente, incluso los partidarios de redistribuir la riqueza deberían exigir, antes que nada, una profunda liberalización de la economía para que no haya impedimentos a la creación de riqueza y sólo entonces proceder a defender una cierta redistribución de la misma para aquellos absolutamente incapaces de crearla (idealmente, redistribución voluntaria). Lo que no tiene ningún sentido es mantener encorsetada la capacidad de los individuos para crear riqueza y exigir preventivamente que se redistribuya. Primero mordamos la mano que nos impide alimentarnos, luego veamos si necesitamos que alguien nos dé de comer y si está justificado éticamente.

En cualquier caso, éste último no es el propósito del artículo, sino otro: mostrar que el problema social y económico básico no es la desigualdad, sino la pobreza. Por supuesto, uno podría decir que por “nivel de vida digno” hay que entender “un nivel de vida no muy alejado del nivel de vida medio de la sociedad”, pero en tal caso sólo volvemos al error inicial: confundir las preferencias personales arbitrarias (calmar mi envidia) con valores sociales intrínsecos. No queda claro que todos prefiramos estar cerca de la media si ello implica ser coaccionado (si ello implica renunciar a nuestra libertad). De nuevo, pues, se comprueba que la lucha por la desigualdad es una preferencia personal que no justifica la coacción: una sociedad más igualitaria no es necesariamente una sociedad mejor (en cambio, una sociedad donde todos sean más ricos sí es una sociedad a priori mejor).

Cuando Pedro Saura repite que “acabar con la desigualdad” es un compromiso social y permanente de su vida, habría que recordarle que se trata de un objetivo vital muy legítimo… siempre que no emplee para ello la violencia: es decir, siempre que no recurra al aparato compulsivo del Estado para arrebatarles la riqueza a unos y entregársela a otros (sobre todo cuando también defiende el saqueo fiscal de esos otros o de aquellas regulaciones que les impiden ser autosuficientes). Se trata de una preferencia personal de Pedro Saura que, en todo caso, debería materializar por medios voluntarios: por ejemplo, montando una ONG o una fundación que concienciara a los ricos de por qué han de donar parte de su riqueza a los pobres (aunque, en realidad, la mejor manera de reducir las desigualdades es presionar para que se eliminen todos los obstáculos que permiten a los pobres enriquecerse). El problema se desata cuando el diputado socialista quiere convencernos de que su cruzada personal contra la desigualdad (suya y de mucha otra gente) permite legitimar la coacción: no, no lo hace. Su único respaldo es el de la coerción de la mayoría sobre la minoría.

En lugar de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a explicarle a la gente por qué ha de ser sierva sumisa de la coacción estatal (a cultivar en ellos un peligroso Síndrome de Estocolmo), mejor sería que lo invirtiera en persuadir a los demás de por qué deben compartir sus preferencias personales en materia de igualdad. Más acción social y voluntaria y menos abuso político del imperium estatal. Es una vía más difícil para lograr tus objetivos, pero nadie dijo que tuvieses derecho a usar la fuerza para imponerlos.

Juan Ramón Rallo