Detienen al presidente de la Diputación de Valencia y a otras cinco personas por presunta corrupción

Detienen al presidente de la Diputación de Valencia y a otras cinco personas por presunta corrupciónDetienen al presidente de la Diputación de Valencia y a otras cinco personas por presunta corrupción
  • El alcalde de Onteniente del PSPV-PSOE está acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos
  • La UDEF practica registros en la Diputación, el Ayuntamiento, la empresa Divalterra y en domicilios privados

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado este miércoles una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, y otras cinco personas, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

Además del socialista Jorge Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otros cinco empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, los cogerentes de Divalterra ( una es Agustina Brines de Compromís), un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia de la Diputación, según fuentes policiales.

El grupo de Compromís en la Diputación de Valencia ha informado de que los siete contratos de alta dirección en Divalterra que investiga Anticorrupción fueron anulados hace seis meses. Según Xavier Rius, esa decisión fue adoptada en el seno del consejo de administración coincidiendo con la reestructuración de esta empresa pública, uno de los objetivos del equipo de Rodríguez para intentar deshacerse del legado de su predecesor el popular Alfonso Rus.

Ciudadanos, Podemos y el PP han pedido la dimisión de Rodríguez, pero el PSOE prefiere esperar a la apertura de juicio oral. El código ético de los socialistas obliga a sus cargos públicos y orgánicos a dimitir en el momento en el que le comuniquen que se le abre juicio oral por un procedimiento penal. Si no lo hacen, el partido les suspenderá cautelarmente de militancia o les expulsará, en función del caso.

Operación Alquería

En el marco de la operación Alquería, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado registros este miércoles en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Onteniente, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.

En el dispositivo han participado, además de los agentes de la UDF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia. La investigación sigue abierta.

De Imelsa a Divalterra

La empresa pública Divalterra, antes llamada Imelsa, sigue en el punto de mira judicial. El origen del caso se remonta al año 2014, cuando Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV, en la que se acusaba al gerente Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que cobraban a Imelsa por trabajos no realizados. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

Las diligencias dieron como resultado la detención de 24 personas a principios de 2016, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, en el marco de la operación Taula; además de la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

En la operación Taula están investigadas 50 personas, entre ellas nueve de los diez concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Se trata del pitufeo, el presunto delito de blanqueo de dinero para costear campañas electorales de los populares.

Por otra parte, es llamativo que la diputada que denunció el caso Imelsa, actualmente vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez Garijo, de EU, se encuentra investigada. La representante de Esquerra Unida ha mantenido que su citación como investigada fue “indignante”, ya que fue ella quien denunció los hechos.

En 2016, la empresa anuncia el cambio de nombre e imagen pero uno de sus gerentes dimitiría poco después y otra está detenida en esta nueva operación. El socialista Víctor Sahuquillo (PSPV) dimitió tras conocerse una auditoría que cuestionaba el fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas (gin tonics) como dietas. Agustina Brines, de Compromís, es una de las personas contra las que se ha dictado una orden de detención.

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