Díaz Alperi cree que se «pierde» con la retirada del PGOU

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Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante (PP), ha manifestado este lunes que la ciudad «pierde» con la retirada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que él impulsó en su día, que se encuentra bajo investigación judicial y por el que él mismo está imputado, ya que se podría haber «recuperado o modificado en parte».

El también ex diputado autonómico por el Partido Popular ha realizado estas declaraciones a las puertas de la Audiencia Provincial de Alicante, adonde ha acudido para recibir la citación como testigo del juicio que se celebrará el próximo mes de mayo por el desfalco detectado durante la pasada década en la empresa mixta Mercalicante.

Por esos hechos, Díaz Alperi también llegó a estar imputado -en esa época presidía la comisión ejecutiva y el consejo de administración de la mercantil en razón de su cargo en el Ayuntamiento- pero fue exonerado por la Audiencia Provincial de cualquier responsabilidad penal.

Inquirido sobre la gestión del actual alcalde de Alicante, Miguel Valor, que ha rectificado diversas medidas y acuerdos adoptados tanto en la época de Díaz Alperi como de la exalcaldesa Sonia Castedo, el antiguo primer edil ha opinado este lunes que la retirada del PGOU es una «decisión política lógica y razonable».

En este sentido, ha apuntado que la situación económica actual «es muy distinta y no tiene nada que ver» con la que había en 2002, cuando él impulsó el Plan General que está ahora bajo sospecha, pues entonces había una necesidad de suelo para construir viviendas de protección oficial y de suelo industrial muy grandes.

«Si yo hubiera tenido que hacer hoy un Plan General, no haría el de entonces», ha admitido, aunque ha matizado que a él le habría parecido mejor, más «lógico y razonable» que el planeamiento «se hubiera recuperado y modificado en gran parte», pues ahora, «después de todo lo que se ha hecho, quien pierde es la ciudad de Alicante».

ACUSADO

La Fiscalía Anticorrupción acusa tanto a Díaz Alperi como a Sonia Castedo, que sustituyó al anterior como alcaldesa tras haber sido concejal de Urbanismo, de haber favorecido al constructor Enrique Ortiz con el PGOU ahora retirado. Ambos exregidores tuvieron que declarar en su día como imputados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.

Actualmente, la causa, que constituye una de las piezas separadas del ‘caso Brugal’, se encuentra en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, adonde regresó después de que Castedo y Alperi dejaran sus escaños en las Corts. En otra de las ramas de este sumario, la que investiga el Plan Rabasa, la exalcaldesa continúa imputada, no así Díaz Alperi, para el que la Audiencia ha confirmado el archivo de las actuaciones recientemente.

Además, el ex primer edil está acusado de varios delitos fiscales que están pendientes de juicio en el juzgado de lo Penal 6 de Alicante y por los que la Fiscalía le pide provisionalmente nueve años y nueve meses de prisión.

FOTO: EUROPA PRESS

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