El juez acuerda investigar empresas relacionadas con Alperi y con un despacho de abogados

alperi alicante

 El juez titular del juzgado de Instrucción Número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha acordado investigar a varias empresas relacionadas con el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y con el despacho de abogados Salvetti, en relación con las supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), investigadas en una pieza separada del ‘caso Brugal’.

El magistrado ha dictado una providencia, con fecha del 7 de agosto de 2014, en la que ha librado, a petición policial, cinco oficios donde se acuerda una serie de investigaciones que se consideran necesarias para la instrucción de la causa de acuerdo con la información remitida por la Policía.

Así, en uno de los oficios se pide a la Agencia Tributaria en la delegación de Alicante que aporte la información que se tenga en la base de datos relativa a la empresa Taller de Contabilidad desde el 2008 hasta la actualidad. Esta empresa, según expone la Policía, pagó una deuda tributaria contraída por Díaz Alperi por 942.678 euros mediante la ejecución y concesión de un aval otorgado por el Santander.

Asimismo, pide que se oficie a los departamentos encargados de prevención de blanqueo de capitales que faciliten a la policía toda la información existente de cuentas bancarias, depósitos, títulos y cajas de seguridad, relación de movimientos, préstamos y cheques respecto de Taller de Contabilidad y Banco Santander.

En otro de los oficios pide información de la mercantil Andarx Business, participada por Alperi y a través de la cual el ex primer edil de Alicante realizó la compra del catamarán Akra, en 2008, así como de la mercantil Edelot, promotora y constructora, relacionada con la familia del ex alcalde, y de Nature Works, una entidad dedicada al material industrial, participada por la propia Andarx.

   El juez también ha solicitado que el ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante Javier Gutiérrez entregue al juzgado la información que posea sobre determinados productos financieros y que aclare documentalmente el origen de unos fondos depositados en un banco suizo. Si no los aporta voluntariamente se solicitarán a través de una comisión rogatoria.

   A su vez, el magistrado pide al despacho de abogados Salvetti Abogados y Consultores, del que es socio Javier Gutiérrez, que entregue los libros contables y a la Seguridad Social información sobre Alfonso Mendoza, del que fuera delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, que según la Policía en 2009 trabajaba para Laboratorio de Proyectos, empresa adjudicataria de la redacción del PGOU.

EU PIDE UN NUEVO PGOU

El concejal y portavoz del grupo de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, ha demandado al equipo de gobierno del Ayuntamiento la redacción de un nuevo PGOU y le ha instado a «renunciar oficialmente ante Conselleria a seguir tramitando el documento actual».

Para Pavón, «los cinco oficios de la providencia de Manrique Tejada solicitando medidas de investigación apuntan a una presunta trama de corrupción político-empresarial que podría haber incurrido en un cohecho vinculado a los presuntos delitos tributarios de Alperi y al despacho de abogados Salvetti, del que son socios el hermano de la alcaldesa y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez».

Por ello, el edil de la formación de izquierdas «las fundadas sospechas de corrupción que siguen aflorando» sobre el PGOU «deberían suponer su invalidación fulminante». Pavón ha tildado de «escándalo mayúsculo que por si solo debería invalidar el PGOU» los pagos de «una empresa vinculada a Ortiz» tanto a la adjudicataria de la redacción del Plan General como a Salvetti.

«Pero Castedo y su concejala de urbanismo, Marta García-Romeu, se obcecan en mantener su viciado Plan General contra viento y marea, no sabemos en función de qué intereses, y hablan de una tercera información al público que por cierto nunca llega», ha criticado Pavón, que ha insistido en «que se dejen de historias» y en que «renuncien a seguir tramitando un PGOU amañado en favor de los intereses del amigo de la alcaldesa, Enrique Ortiz».

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