El proyecto del PGOU de Alicante vuelve al Ayuntamiento y parte de cero

PGOU-Alicante

El proyecto del PGOU de Alicante vuelve al Ayuntamiento y parte de cero de nuevo. Este lunes la Comisión Territorial de Urbanismo ha desestimado seguir con la tramitación del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante por lo que devolverá todos los documentos al consistorio con el fin de que, de nuevo, se inicie el proceso.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, han confirmado a Europa Press que la desestimación se ha aprobado en una reunión celebrada en la Torre de la Generalitat en Alicante y tras finalizar el plazo de exposición pública que marca la ley, en el que no se han recibido alegaciones en contra de la retirada del planeamiento.

De esta manera toda la documentación ha sido remitida al Ayuntamiento para que inicie de cero todo el procedimiento para la elaboración de un nuevo plan general.

«LA MEJOR SOLUCIÓN»

El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado 6 de febrero por unanimidad solicitar la devolución del Plan General para su revisión y su actualización. El planeamiento se inició hace 14 años y, por su tramitación, están imputados los exprimeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del ‘caso Brugal‘ en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

Esta decisión de pedir la retirada contó con los votos a favor de los cuatro partidos con representación política. No obstante, el PP rechazó con su mayoría las enmiendas presentadas por PSPV y EU para que se añadiese la petición de devolución de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que facilite la llegada de la multinacional Ikea a los terrenos de Rabasa.

En este sentido, Miguel Valor, el alcalde de Alicante, defendió desde su toma de posesión en enero como sustituto de Castedo, su «convencimiento» de que la retirada era la «mejor solución» para un proyecto en tramitación desde hace 14 años después de estudiar los informes de los técnicos. Por ello, calificó de «razonable» y «razonada» la decisión de solicitar la recuperación de un plan cuya tramitación es objeto de investigación judicial en una de las piezas del ‘caso Brugal’.

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