La defensa de Castedo dice que quieren juzgarla dos veces por los regalos

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La exalcadesa de Alicante, Sonia Castedo, doblemente imputada por el ‘Caso Brugal’ y el ‘Plan Rabasa’ tiene un problema con los presuntos regalos que le hizo el empresario Enrique Ortiz. Los letrados de su defensa se oponen a incorporarlos en el ‘Plan Rabasa’ ya que figuran en la otra rama del ‘Caso Brugal’ (PGOU alicntino). Los abogados, en sus alegaciones, consideran que el fiscal Anticorrupción quiere juzgarla dos veces por los mismos hechos.

Estas son las alegaciones presentadas por la defensa de la exprimera edil al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la negativa del juez Juan Carlos Cerón a indagar sobre esos presuntas regalos, entre las que figuran un turismo Mini Cooper, la contratación de personal en las empresas de Ortiz y diversos viajes a Ibiza y Andorra en 2008 y 2009.

El escrito de la defensa señala que los procedimientos que tramitan los juzgados de Instrucción 5 y 6 de Alicante «son plenamente independientes y autónomos» y no existe «conexión alguna» entre ellos.

Tanto los abogados de Castedo como el del también imputado Enrique Ortiz entienden que el juez Cerón no debería haber admitido a trámite el recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial presentado por Briones, ya que a su parecer fue interpuesto fuera de plazo y la providencia que rechazaba la incorporación de las supuestas contraprestaciones a la exalcaldesa a la causa de Rabasa no era recurrible.

En sus alegaciones, Francisco Ruiz Marco, letrado del empresario, recuerda que tanto la Policía como el fiscal han mantenido siempre que las supuestas dádivas recibidas por la entonces alcaldesa eran una contraprestación «a la actuación o decisión, delictiva o ilegal, ejecutada para favorecer al señor Ortiz en el proceso de revisión del PGOU», hechos que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 5, Manrique Tejada.

Las defensas de ambos imputados y la del gerente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, rechazan la propuesta de la Fiscalía de que podría aplicarse a estos hechos la jurisprudencia del delito continuado y plantear una rebaja de la pena en una de las futuras sentencias o incluso la petición de indulto.

ESTE JUEVES, NUEVOS INTERROGATORIOS

El juez Juan Carlos Cerón retomará las declaraciones el próximo jueves con los interrogatorios de otro imputado, el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, y una testigo, la funcionaria de la Generalitat Esteer Valls Parres.

Además, se dictó una providencia en la que fija una nueva ronda de comparecencias con cuatro nuevos testigos. Se trata del arquitecto del Ayuntamiento de Alicante Miguel Ángel Cano, la funcionaria municipal María Ángeles Sierra, el abogado urbanista que trabajaba para Ortiz Rafael Ballester y la concejal del PP Sonia Alegría. Los dos primeros serán interrogados el próximo 6 de marzo y los otros dos, el día 20.

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