El TSJCV convoca el lunes a Blasco a una vista sobre medidas cautelares

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha convocado el próximo lunes al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y ya exdiputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, y a los otros ocho condenados en la primera pieza del ‘caso Cooperación’ a una comparecencia sobre medidas cautelares.

El tribunal valenciano ha realizado esta convocatoria tras una petición de Fiscalía, ya que se plantea solicitar medidas cautelares para los condenados en esta primera pieza, en la que se han juzgado irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes en el año 2008 para proyectos en Nicaragua, según informa el TSJCV en su cuenta de Twitter.

Blasco, quien dirigió diferentes consellerias cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat, ha sido condenado en esta pieza a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial.

La misma pena se ha impuesto al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, como cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsificación y de malversación.

Para el resto de condenados se establecen penas inferiores. En concreto, el tribunal ha condenado a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; y el exsubsecretario Alexandre Català cumplirá cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de tres años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

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